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14 de setembre de 2011

Reclamaciones de cantidad

Este post se dirige especialmente a empresarios y autónomos. Y da igual el sector en el que trabajéis. porque impagados hay en todas partes lamentablemente y por tanto todos debemos conocer cómo reclamar legalmente una factura vencida que no nos ha sido abonada.

Evidentemente, mi consejo es acudir a un abogado en el caso de tener problemas de morosos, quien examinará toda la documentación, verificará que la factura es exigible y decidirá cuál es el procedimiento más adecuado para conseguir cobrar la factura. Sin embargo, el propio empresario o autónomo, sin necesidad de abogado ni procurador, puede realizar algunas actuaciones con las que puede obtener resultados.

Brevemente, ante todo, he de insistir en la importancia de adoptar unas medidas preventivas frente a la morosidad. Como norma general: presupuesto por escrito y firmado para acreditar la conformidad del cliente con el mismo, hojas de encargo o contrato detallado del servicio que le prestamos con las condiciones que regirán las relaciones entre ambos (quizás valga la pena también acudir a un profesional para que os redacte este documento la primera vez), en su caso, albaranes de entrega firmados para demostrar que recibieron la mercancía. Siempre que sea posible solicitar una “provisión de fondos” o un anticipo por adelantado. Y por supuesto, en la factura deben constar todos los datos legalmente establecidos (datos de ambos, nif-cif, domicilio, importe, impuestos desglosados, etc) y que conste claramente cuál es la fecha de vencimiento de la misma. Si permitimos el pago a plazos, aumentar las garantías haciéndolo constar por escrito mediante pagarés (por ejemplo 10 plazos, 10 pagarés). El pagaré no necesita más formalidad que un escrito entre las partes comprometiéndose al pago en fecha determinada.

Al día siguiente del vencimiento de la factura sin que esta haya sido abonada contactar con el cliente vía e-mail o telefónica. Y si pasan un par de semanas sin que nos la haya abonado, una reclamación más contundente por e-mail. Si no recibimos respuesta, mi consejo es enviar un burofax, con un contenido breve, únicamente solicitando el pago de la factura y con la advertencia que de no pagar acudiremos a la vía judicial. Puede ser un escrito como este:

Datos del remitente.

Datos del destinatario.

Lugar, fecha

D/Dña………...............

Mediante el presente escrito le reclamo el pago de la factura ……. (identificarla) de importe ……… euros, que venció el pasado día ………… Ruego que en el plazo de 10 días desde que reciba este burofax proceda a realizar su pago.

En otro caso iniciaré los trámites oportunos para el cobro de la misma, advirtiéndole de que en caso de tener que llegar a la vía judicial, además de las cantidades debidas le serán reclamados los intereses legales correspondientes, así como las costas procesales.

Firmado:

El burofax lo redactamos por escrito y lo llevamos a la oficina de correos o lo enviamos a través de la web de correos. Como ya he dicho, es evidente que logra más fuerza si el burofax lo envía un abogado que no directamente el empresario o autónomo pero legalmente es un trámite que puede hacer directamente el interesado.

En el caso de que nuestra factura siga sin abonarse, procederemos a acudir a la vía judicial. Sin miedos. Para deudas vencidas, líquidas y exigibles de importe hasta 250.000 euros se puede realizar un procedimiento monitorio, para el cual tampoco necesitamos obligatoriamente abogado ni procurador. Este escrito lo presentaremos en el Juzgado correspondiente al domicilio del deudor. Reproduzco un modelo muy básico pero suficiente:

AL JUZGADO DECANO

(nuestros datos) Don/Doña ..................................................................................,

(y en caso de actuar en representación de una entidad deberá especificar a continuación su denominación social), como representante de la entidad

............................................................... con DNI y NIF/CIF número ..............., domiciliado en la calle ........................................................., número ............., piso........, de la ciudad de ........................................................, con número de teléfono .............................. y domicilio social en la calle ........................................................................., número ........, piso ........., de la localidad de ......................, con número de teléfono fijo................. y móvil .....................Fax .........................,dirección de correo electrónico........................................., ante el Juzgado comparezco y formulo

RECLAMACIÓN en proceso MONITORIO de la cantidad de ........................................euros, más intereses y costas, contra:

Don/Doña........................................................................................................................., con DNI y NIF/CIF número ...................., domiciliado en la calle.........................................................................., número ............, de la localidad de ............................................................................, con número de teléfono......................, fax............................., dirección de correo electrónico.................................

La cantidad reclamada tiene origen en las relaciones mantenidas por las partes y concretamente en (explicar la relación comercial entre las partes, relacionar las factura/s impagada/s) ...................................................

Se acompaña a este escrito los documentos de los que resulta la deuda.

En atención a lo expuesto PIDO AL JUZGADO:

1º. – Que se requiera de pago al deudor para que en el plazo de veinte días pague la cantidad de ..............euros, y para el caso de que el deudor no pague la deuda ni dé razones por escrito para no hacerlo, se dicte auto ordenando el embargo de bienes suficientes del deudor para cubrir la suma de ......................................................., más ...................... que se calculan para intereses al tipo del interés legal del dinero (o el pactado si fuera mayor) desde el requerimiento de pago, así como las costas del procedimiento.

2º. – Que si el deudor se opone por escrito alegando razones para negarse total o parcialmente al pago, se convoque a las partes a juicio verbal o se me conceda el plazo legal de un mes para formular la demanda de juicio ordinario,pidiendo desde este momento, para el caso de oposición, el embargo de bienes del deudor, y en su día, la condena a la parte demandada al pago de la cantidad de ....................., más el interés legal (o el pactado si fuera mayor), desde el requerimiento de pago, así como al pago de las costas procesales.

En ......................., a ..... de .......................... de ............

Firma:

OTROSÍ DIGO: Acompaño a este escrito los siguientes documentos adjuntos

(numerarlos “DOC NUM 1, DOC NUM 2, etc.)

Documento num. 1: (por ejemplo, presupuesto firmado por el Sr. …)

Documento num. 2: (por ejemplo albarán de entrega)

Documento num. 3: (por ejemplo, factura vencida)

En el caso que el deudor abone la deuda en el plazo que le da el Juez, el procedimiento finaliza.

En el supuesto que no pague ni se oponga, el juez dictará embargar los bienes del deudor hasta cubrir la deuda. Para la ejecución, si la deuda es superior a los 900 euros sí que se precisa abogado y procurador.

En el supuesto que el deudor se oponga a pagarnos, también necesitaremos abogado y procurador ya que si lo que reclamamos no supera los 6.000 euros se realizará un juicio verbal y si se supera se seguirá un juicio ordinario.

Como he advertido, lo importante es poder documentar la deuda, es decir, la relación comercial previa que hemos tenido y la factura impagada. Si tenéis cualquier duda al respecto quedo a vuestra disposición.

1 de setembre de 2011

Información ambiental


Hemos recibido una consulta en relación a si es posible y, en caso afirmativo qué procedimiento hay que seguir para ello, solicitar a una Administración información medio ambiental. La cuestión venía referida a los niveles de contaminación atmosférica de un municipio, y sobre las actuaciones que está realizando la administración para minimizarlos, pero la respuesta que damos en este post puede ser aplicable a cualquier otro ámbito sobre el que se desee obtener una información ambiental.

En virtud de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) podemos realizar dicha solicitud ya que está expresamente incluida en los derechos en materia de medio ambiente que regula la Ley y que son: acceso a la información, participación pública, acceso a la justicia y tutela administrativa, y cualquier otro que reconozca la Constitución u otras leyes.

La instancia que se presente debe tener los requisitos mínimos que determina el artículo 70 de la Ley 30/92:

A) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones.

B) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.

C) Lugar y fecha.

D) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.

E) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.

Podemos redactarla nosotros, entregando original y copia que deben devolvernos sellada, o solicitando una instancia tipo de la Administración a la que nos dirijamos. La podemos presentar mediante Registro, correo administrativo o por medios telemáticos.

Reproduzco a continuación tres artículos de la Ley 27/2006 en los que se regulan los derechos que he expresado, el procedimiento de tramitación de las solicitudes y las excepciones a las que se puede acoger la Administración para negarnos el acceso a la información que solicitamos.

Es importante advertir que el plazo que tiene la Administración para resolver es de 1 mes como norma general o de máximo 2 de forma excepcional según la complejidad de la información solicitada.

Art. 3 Derechos en materia de medio ambiente.

Para hacer efectivos el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo, todos podrán ejercer los siguientes derechos en sus relaciones con las autoridades públicas, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y con lo establecido en el artículo 7 del Código Civil:

1. En relación con el acceso a la información:

a. A acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos en su nombre, sin que para ello estén obligados a declarar un interés determinado, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o sede.

b. A ser informados de los derechos que le otorga la presente Ley y a ser asesorados para su correcto ejercicio.

c. A ser asistidos en su búsqueda de información.

d. A recibir la información que soliciten en los plazos máximos establecidos en el artículo 10.

e. A recibir la información ambiental solicitada en la forma o formato elegidos, en los términos previstos en el artículo 11.

f. A conocer los motivos por los cuales no se les facilita la información, total o parcialmente, y también aquellos por los cuales no se les facilita dicha información en la forma o formato solicitados.

g. A conocer el listado de las tasas y precios que, en su caso, sean exigibles para la recepción de la información solicitada, así como las circunstancias en las que se puede exigir o dispensar el pago.

2. En relación con la participación pública:

a. A participar de manera efectiva y real en la elaboración, modificación y revisión de aquellos planes, programas y disposiciones de carácter general relacionados con el medio ambiente incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley.

b. A acceder con antelación suficiente a la información relevante relativa a los referidos planes, programas y disposiciones de carácter general.

c. A formular alegaciones y observaciones cuando estén aún abiertas todas las opciones y antes de que se adopte la decisión sobre los mencionados planes, programas o disposiciones de carácter general y a que sean tenidas debidamente en cuenta por la Administración Pública correspondiente.

d. A que se haga público el resultado definitivo del procedimiento en el que ha participado y se informe de los motivos y consideraciones en los que se basa la decisión adoptada, incluyendo la información relativa al proceso de participación pública.

e. A participar de manera efectiva y real, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación aplicable, en los procedimientos administrativos tramitados para el otorgamiento de las autorizaciones reguladas en la legislación sobre prevención y control integrado de la contaminación, para la concesión de los títulos administrativos regulados en la legislación en materia de organismos modificados genéticamente, y para la emisión de las declaraciones de impacto ambiental reguladas en la legislación sobre evaluación de impacto ambiental, así como en los procesos planificadores previstos en la legislación de aguas y en la legislación sobre evaluación de los efectos de los planes y programas en el medio ambiente.

3. En relación con el acceso a la justicia y a la tutela administrativa:

a. A recurrir los actos y omisiones imputables a las autoridades públicas que contravengan los derechos que esta Ley reconoce en materia de información y de participación pública.

b. A ejercer la acción popular para recurrir los actos y omisiones imputables a las autoridades públicas que constituyan vulneraciones de la legislación ambiental en los términos previstos en esta Ley.

4. Cualquier otro que reconozca la Constitución o las leyes

Art. 10 Solicitudes de información ambiental.

1. Las solicitudes de información ambiental deberán dirigirse a la autoridad pública competente para resolverlas y se tramitarán de acuerdo con los procedimientos que se establezcan al efecto.

Se entenderá por autoridad pública competente para resolver una solicitud de información ambiental, aquella en cuyo poder obra la información solicitada, directamente o a través de otros sujetos que la posean en su nombre.

2. Tales procedimientos deberán respetar, al menos, las garantías que se indican a continuación:

a. Cuando una solicitud de información ambiental esté formulada de manera imprecisa, la autoridad pública pedirá al solicitante que la concrete y le asistirá para concretar su petición de información lo antes posible y, a más tardar, antes de que expire el plazo establecido en el apartado 2.c.1.

b. Cuando la autoridad pública no posea la información requerida remitirá la solicitud a la que la posea y dará cuenta de ello al solicitante.

Cuando ello no sea posible, deberá informar directamente al solicitante sobre la autoridad pública a la que, según su conocimiento, ha de dirigirse para solicitar dicha información.

c. La autoridad pública competente para resolver facilitará la información ambiental solicitada o comunicará al solicitante los motivos de la negativa a facilitarla, teniendo en cuenta el calendario especificado por el solicitante, lo antes posible y, a más tardar, en los plazos que se indican a continuación:

1. En el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud en el registro de la autoridad pública competente para resolverla, con carácter general.

2. En el plazo de dos meses desde la recepción de la solicitud en el registro de la autoridad pública competente para resolverla, si el volumen y la complejidad de la información son tales que resulta imposible cumplir el plazo antes indicado. En este supuesto deberá informarse al solicitante, en el plazo máximo de un mes, de toda ampliación de aquél, así como de las razones que lo justifican.

En el caso de comunicar una negativa a facilitar la información, la notificación será por escrito o electrónicamente, si la solicitud se ha hecho por escrito o si su autor así lo solicita. La notificación también informará sobre el procedimiento de recurso previsto de conformidad con el artículo 20.

Art. 13 Excepciones a la obligación de facilitar la información ambiental.

1. Las autoridades públicas podrán denegar las solicitudes de información ambiental cuando concurra cualquiera de las circunstancias que se indican a continuación:

a. Que la información solicitada a la autoridad pública no obre en poder de ésta o en el de otra entidad en su nombre, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.2.b.

b. Que la solicitud sea manifiestamente irrazonable.

c. Que la solicitud esté formulada de manera excesivamente general, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 10.2.a.

d. Que la solicitud se refiera a material en curso de elaboración o a documentos o datos inconclusos. Por estos últimos se entenderán aquellos sobre los que la autoridad pública esté trabajando activamente. Si la denegación se basa en este motivo, la autoridad pública competente deberá mencionar en la denegación la autoridad que está preparando el material e informar al solicitante acerca del tiempo previsto para terminar su elaboración.

e. Que la solicitud se refiera a comunicaciones internas, teniendo en cuenta el interés público atendido por la revelación.

2. Las solicitudes de información ambiental podrán denegarse si la revelación de la información solicitada puede afectar negativamente a cualquiera de los extremos que se enumeran a continuación:

a. A la confidencialidad de los procedimientos de las autoridades públicas, cuando tal confidencialidad esté prevista en una norma con rango de Ley.

b. A las relaciones internacionales, a la defensa nacional o a la seguridad pública.

c. A causas o asuntos sujetos a procedimiento judicial o en trámite ante los tribunales, al derecho de tutela judicial efectiva o a la capacidad para realizar una investigación de índole penal o disciplinaria. Cuando la causa o asunto estén sujetos a procedimiento judicial o en trámite ante los tribunales, deberá, en todo caso, identificarse el órgano judicial ante el que se tramita.

d. A la confidencialidad de datos de carácter comercial e industrial, cuando dicha confidencialidad esté prevista en una norma con rango de Ley o en la normativa comunitaria, a fin de proteger intereses económicos legítimos, incluido el interés público de mantener la confidencialidad estadística y el secreto fiscal.

e. A los derechos de propiedad intelectual e industrial. Se exceptúan los supuestos en los que el titular haya consentido en su divulgación.

f. Al carácter confidencial de los datos personales, tal y como se regulan en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, siempre y cuando la persona interesada a quien conciernan no haya consentido en su tratamiento o revelación.

g. A los intereses o a la protección de un tercero que haya facilitado voluntariamente la información solicitada sin estar obligado a ello por la legislación vigente. Se exceptúan los supuestos en los que la persona hubiese consentido su divulgación.

h. A la protección del medio ambiente al que se refiere la información solicitada. En particular, la que se refiera a la localización de las especies amenazadas o a la de sus lugares de reproducción.

3. Las excepciones previstas en los apartados anteriores se podrán aplicar en relación con las obligaciones de difusión contempladas en el capítulo II de este Título.

4. Los motivos de denegación mencionados en este artículo deberán interpretarse de manera restrictiva. Para ello, se ponderará en cada caso concreto el interés público atendido con la divulgación de una información con el interés atendido con su denegación.

5. Las autoridades públicas no podrán en ningún caso ampararse en los motivos previstos en el apartado 2, letras a, d, f, g y h de este artículo, para denegar una solicitud de información relativa a emisiones en el medio ambiente.

6. La negativa a facilitar la totalidad o parte de la información solicitada se notificará al solicitante indicando los motivos de la denegación en los plazos contemplados en el artículo 10.2.c.